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Introducción

Contenido de la página
 
Los Instrumentos de Defensa Comercial (IDC) se dividen en:
 
 - Medidas antidumping: se imponen cuando un suministrador extranjero practica en el mercado de destino precios inferiores a los que aplica en su propio país. Como se puede apreciar, desde el punto de vista de la OMC, el dumping no debe entenderse, per se, como la venta por debajo de los costes de producción.
 
- Medidas antisubvención: se aplican cuando un suministrador extranjero goza de determinados tipos de ayudas directas o indirectas por parte de las autoridades de su país, y estas originan un daño importante a la rama de la producción nacional del país de destino.
 
- Medidas de salvaguardia: pueden adoptarse cuando la evolución de las importaciones de un producto provoque, o amenace provocar, un perjuicio grave a los productores del país de que se trate.
 
Los dos primeros instrumentos están ideados para evitar prácticas comerciales desleales, mientras que las de salvaguardia tienen como objetivo ofrecer a una industria del país importador tiempo para ajustarse a un aumento considerable de las importaciones. Otra diferencia entre ellos es que los dos primeros se aplican a un producto cuando provenga de un país o países concretos; mientras que las salvaguardias se aplican a un producto con carácter erga omnes, es decir, independientemente de su origen. En los últimos años se viene observando un repunte en el uso de los IDC por parte de terceros países, en particular de las de salvaguardia, que como se ve es la modalidad más restrictiva para el comercio al aplicar indistintamente según el origen de la mercancía, además de ser más asequible su imposición por requerir de una menor elaboración que los procedimientos antidumping o antisubvención.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Características principales
 
El uso de los IDC debe respetar los preceptos básicos contenidos en los acuerdos de la OMC que los regulan: el acuerdo de medidas antidumping, el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, y el acuerdo sobre salvaguardias. De manera resumida, los principales aspectos son los siguientes:
 
- Procedimiento antidumping. Los requisitos esenciales que deben demostrarse para que una autoridad de un país pueda imponer este tipo de medidas son tres: margen de dumping, daño o amenaza de daño material y vínculo causal entre los dos elementos anteriores. No antes de 60 días desde la apertura de la investigación pueden aplicarse medidas provisionales (cuya duración, según los casos, variará entre 4 y 9 meses). En un plazo máximo de 18 meses desde el inicio debe adoptarse una decisión definitiva sobre la conveniencia de aplicar o no medidas antidumping. De imponerse, estas suelen tener una duración de 5 años, prorrogables.
 
- Procedimiento antisubvención. Los requisitos básicos que deben demostrarse para que una autoridad de un país pueda imponer este tipo de medidas son tres: que el beneficio que proporcione la subvención sea cuantificable, que exista daño o amenaza de daño material y vínculo causal entre los dos elementos anteriores. No antes de 60 días desde la apertura de la investigación pueden aplicarse medidas provisionales (por un máximo de 4 meses). En un plazo máximo de 18 meses desde el inicio debe adoptarse una decisión definitiva sobre la conveniencia de aplicar o no medidas antisubvención. De imponerse, estas suelen tener una duración de 5 años, prorrogables.
 
- Procedimiento de salvaguardias. Los requisitos que deben demostrarse para que una autoridad de un país pueda imponer este tipo de medidas son tres: crecimiento de las importaciones (que debe ser significativo, repentino e imprevisto), daño o amenaza de daño grave y vínculo causal entre los dos elementos anteriores. En cualquier momento pueden adoptarse medidas provisionales, por un máximo de 200 días. No existe un plazo máximo para la finalización de una investigación. Si se aplican medidas definitivas estas no pueden exceder 4 años, pero pueden renovarse siempre y cuando no se sobrepasen 8 años de aplicación en total.
 
Como se puede ver, en el caso de la cláusula de salvaguardia, se establece un umbral más elevado para que puedan aplicarse medidas. En concreto, se pide que el daño o amenaza de daño a que se enfrente la industria sea grave, estándar más elevado que el que se exige para activar medidas antidumping o antisubvención, en las que se pide que el daño sea material.
 
 
Procedimiento
 
En primer lugar, es importante tener en cuenta que cada país puede desarrollar normativa propia que regule los IDC dentro de su territorio, si bien esta debe respetar los preceptos básicos de los acuerdos de la OMC mencionados en el apartado anterior. Por ello es importante comprobar la legislación de cada país en aquellos casos en los que pueda tener un interés particular, ya que pueden encontrarse diferencias de procedimiento según el país de que se trate (en este enlace puede encontrar fichas resumen con las características y elementos más relevantes de la aplicación de estos instrumentos por parte de los principales países usuarios).
 
En cualquier caso, el procedimiento que se sigue en este tipo de investigaciones suele presentar una estructura similar. Se inician previa solicitud escrita hecha por la rama de producción del país importador. Si, tras presentarse la solicitud, la autoridad competente del país importador determina que existen indicios suficientes que justifiquen el inicio de una investigación, deben notificarlo a las administraciones de los países exportadores denunciados. También es habitual notificar directamente a los potenciales exportadores del producto investigado.
 
Una vez iniciado el procedimiento este consta de dos etapas: una fase preliminar en la que la autoridad investigadora recaba información, la analiza y determina si existen pruebas suficientes que justifiquen la continuación o no de la investigación. Posteriormente, si se sigue adelante con el procedimiento, tiene lugar la fase final en la que la autoridad investigadora lleva a cabo un análisis en mayor profundidad, para lo que puede recabar más información o celebrar audiencias públicas en las que las partes interesadas puedan presentar sus comentarios y/u observaciones. Una vez acabada la fase final la autoridad investigadora decide si adopta o no medidas definitivas. Además, como se ha visto en el apartado anterior, durante el desarrollo de la investigación la autoridad competente puede adoptar medidas provisionales si considera que esperar a la fase definitiva incrementa el perjuicio para los productos locales.
                                                                                                                                                                                                              
Si tiene noticia de un procedimiento que puede afectar a los intereses de su empresa o su asociación es conveniente registrarse como parte interesada. Para ello suele ser suficiente con que la propia empresa o asociación se inscriba dentro de los plazos que la autoridad investigadora determine. En otros casos los países pueden exigir que el registro se haga a través de un abogado o representante legal. El registro como parte interesada es un requisito imprescindible para poder presentar alegaciones en las diferentes fases del procedimiento. El llevar a cabo una defensa exitosa de sus intereses puede traducirse en la aplicación de medidas más reducidas en comparación con las empresas que no colaboran, e incluso en la desestimación de las medidas.
 
No obstante, es necesario destacar que la participación en estos procedimientos suele requerir un consumo estimable de recursos: humanos, de tiempo y económicos. Por ejemplo, las autoridades investigadoras pueden exigir que la documentación que le presenten las partes interesadas esté en su idioma oficial; también hay que tener en cuenta que colaborar implica compartir información de carácter sensible con la autoridad investigadora (datos de producción, capacidad y utilización, ventas, costes de producción, etc.). En todo caso, la OMC exige que este tipo de datos se traten de manera confidencial cuando las partes así lo pidan explícitamente y esté debidamente justificado. En esos casos deben presentarse versiones confidenciales y públicas de los mismos documentos, estas últimas conteniendo suficiente detalle que permita a las otras partes interesadas entender de manera razonable la información presentada con carácter confidencial; en relación con este asunto de la confidencialidad es reseñable la práctica de algunos países, como pueden ser los EEUU, Canadá o México, los cuales tienen en funcionamiento un sistema por el cual los representantes legales de las diferentes partes involucradas (que deben estar ubicados en el mismo país donde se lleva a cabo la investigación) pueden acceder a la información confidencial. El poder tener acceso a estos datos es relevante puesto que incrementa las posibilidades de hacer una defensa más adecuada de los propios intereses, pero se trata de un sistema oneroso. Por tanto, es imprescindible que los afectados evalúen cuidadosamente las particularidades de cada tipo de procedimiento antes de decidir si les compensa o no personarse como parte interesada.
                                                                                                                                                                                                                                                        
Papel de la Comisión europea y la Administración española
 
Desde la Administración española ayudamos a las empresas y asociaciones involucradas en este tipo de procedimientos: alertamos a las empresas identificadas a través de las estadísticas oficiales, asociaciones sectoriales, etc., sobre aquellas investigaciones de las que recibimos notificación de apertura y que pueden afectarles. Además, cuando existe un interés elevado para un sector determinado en un procedimiento en particular, tanto la Administración comercial española como la Comisión europea participamos activamente para prestar apoyo a las empresas registradas como partes interesadas. Para ello, presentamos alegaciones en las diferentes fases del procedimiento, estamos en contacto permanente con las autoridades investigadoras a través de la red Oficinas Económicas y Comerciales en el Extranjero, y, en general, velamos por el debido cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos de la OMC durante todo su desarrollo. Por tanto, si tiene noticia de una investigación que pueda afectar a sus intereses les invitamos a que se pongan en contacto con la Subdirección de Política Arancelaria e Instrumentos de Defensa Comercial, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio, para recibir orientación y asesoramiento:
 
Tel.: 913 493 895
 
Para saber más sobre los diferentes Instrumentos de Defensa Comercial: 
Bases de datos de las medidas de defensa comercial impuestas por terceros países:

Gobierno de España . Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

P. de la Castellana 162, C.P. 28046 Madrid

Teléfono 91 258 28 52